La presente causa penal sustanciada en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, es el cabal reflejo de la corrupción enquistada en los Poderes del Estado misionero. Sin embargo este hecho no es más que una muestra de una lamentable situación que, innegablemente, se magnifica y reproduce en el Estado Argentino en su totalidad. Y como integrantes del Estado somos, en igual medida,  tanto víctimas de esta corrupción como responsables de denunciarla.

En este caso en particular, asistimos a la arbitrariedad de un fiscal que fue capaz de procesar a una persona por homicidio culposo y luego, con la misma prueba, sobreseerla. Un fiscal al que varias veces hubo que recordarle telefónicamente ciertos aspectos atinentes al caso que le había sido asignado. Este fiscal, Alejandro Néstor Monzón,  deshonra claramente a la institución que representa y, de esta manera, se transforma en cómplice de la muerte de un adolescente de 17 años al no aclarar lo ocurrido.

Es evidente que este señor no puede desconocer ni negar lo que hizo, porque de ser así sólo quedaría aventurar que no tiene la más mínima noción de la importancia, responsabilidad y compromiso que demanda el cargo que representa, ni tampoco del Derecho. Habría que preguntarse qué tipo de intereses, distintos al Derecho, pudieron haber movido al Fiscal Monzón, cuyo accionar es de dudosa honestidad.

Por los motivos expuestos anteriormente, sugerimos a los interesados que lean la causa que se adjunta, y que particularmente lo hagan abogados, jueces y fiscales de la Nación, aplicando críticamente el conocimiento que, sabemos, poseen al ocupar dichos cargos.

No obstante, aclaramos que la causa no quedará así, puesto que ni como ciudadanos ni como principales damnificados toleraremos semejante falta de garantías por parte del Estado misionero.

Un hecho de semejante gravedad no hace más que transformar dicho Estado provincial en uno de los más paupérrimos del mundo, donde los funcionarios que deben habilitar o clausurar, según corresponda, no cumplen su función; y donde se hace gala de la justicia más retrógrada posible, amparada en un Código Procesal Penal que vulnera tratados internacionales a los cuales adhiere la Constitución de la Nación Argentina.

    Se hizo la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver presentación), dada la arbitrariedad manifiesta de la justicia Misionera.

Héctor Norberto Plaul