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Por Marcelo Massarino/El Furgón

La familia Plaul anunció la ampliación de una denuncia ante la de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de justicia en el caso de la muerte de Pablo Nicolás Plaul, un joven de 17 años que falleció electrocutado hace doce al años en un hotel de Puerto Iguazú, Misiones. Sus padres lo explicaron en una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia, de la ciudad de Buenos Aires, el viernes 19 de octubre. Participaron los papás de Pablo, Héctor Plaul y Beatriz Manzelli; el abogado Alejandro Bois y Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La .

Pablo Plaul

Pablo Plaul integraba una delegación de estudiantes del Instituto Parroquial San Justo que realizaba un viaje de estudios y solidario en apoyo a la comunidad . Mientras jugaba al voley en el predio del complejo “Raíces”, se apoyó en una farola y recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte. El lugar no estaba apto para recibir huéspedes, carecía de habilitación y las instalaciones tenían numerosas irregularidades, como la falta de cable a tierra de los elementos eléctricos.

Alejandro Bois, Pablo Pimentel, Héctor Plaul y Beatriz Manzelli

En la búsqueda de responsabilidades hay una extensa cadena de impunidad que creció con los años. Sus integrantes son fiscales y jueces misioneros; funcionarios del municipio de Puerto Iguazú; las autoridades del instituto de estudios religioso; los responsables de la curia en La Matanza y los empresarios que organizaron y brindaron servicios durante el viaje que no tomaron los recaudos para la seguridad de los integrantes de la delegación. También hay que incluir a diferentes estamentos judiciales como Corte Suprema de la Nación que denegó un segundo pedido de reconsideración del caso.

El 19 de octubre de 2006 Pablo Plaul, de 17 años, jugaba al vóley en el predio del Hotel Raíces, de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, cuando fue en busca de una pelota, se resbaló y al sujetarse instintivamente de una farola, ésta se desprendió y recibió una descarga eléctrica mortal. Estaba en viaje de estudios y solidario junto a sus compañeros del segundo año del Polimodal del Colegio Parroquial San Justo.

En la causa se determinó que las instalaciones del lugar que albergó a la delegación estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades. El fiscal misionero Alejandro Néstor Monzón procesó a Ricardo Omar Ayala, empresario del complejo hotelero, por “homicidio culposo” y luego, con la misma prueba, lo desprocesó. En primer lugar intervino el juez José Pablo Rivero, luego el juez subrogante Ricardo Rubén Gerometta, ambos del Juzgado de Instrucción nº 3 de Iguazú, IIIº Circunscripción Judicial de Misiones a cargo del doctor Juan Pablo Fernández Rizzi.

En 2012 una delegación integrada por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y el doctor Alejandro Bois, viajó a Misiones. Hubo una entrevista con Fernández Rizzi en la cual reclamaron que  la Justicia investigue y condene a los culpables.

Todas y cada una de las instancias que el estado argentino debe garantizar para que los ciudadanos obtengan justicia, generaron más impunidad porque negaron por acción, omisión o desidia, un juicio justo. Este marco se repite una y otra vez en otros casos; no es novedad para quienes luchan por los derechos humanos en la Argentina. Y este escenario que vulnera las más elementales garantías es aún más común en territorios dominados por caudillos políticos que imponen su hegemonía con mano dura y gobiernan con criterios feudales, que privilegian el derecho a la propiedad y la ganancia por encima de las garantías constitucionales. La provincia de Misiones no escapa a esta regla.

El doctor Alejandro Bois firma la petición a la CIDH

Héctor Plaul, de profesión médico, señaló con contundencia que aún “no logramos justicia”. En ese camino, recurrieron a la máxima instancia del sistema que es la Corte Suprema , pero ésta rechazó un recurso extraordinario por considerarlo “inadmisible”. Ante esta decisión, Plaul señala que los supremos “se atribuyen la condición de semidioses” y añade que “son los mismos que votaron a favor del 2 por 1 para los genocidas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad”. “Pedimos que revisaran las firmas pero dicen que las decisiones de la Corte no se discuten”, agregó.

Cabe destacar que se efectuaron varios reclamos judiciales a personas físicas y jurídicas. También se pidió la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires por la contratación irregular de la empresa de viajes Proterra, que investigó y sancionó al colegio Parroquial San Justo con una quita durante dos meses del subsidio estatal, por incumplimiento de la Resolución 426/06, que implica el reconocimiento de una responsabilidad concreta en la elección de la firma organizadora.

Además, hay de por medio una cuestión de ética y honestidad porque existe una demanda por calumnias e injurias contra el obispo de San Justo, monseñor Baldomero Carlos Martini, quien trató a Héctor Plaul –padre del Pablo– como “vengador y estafador”, trámite que lleva adelante el Juzgado Correccional nº 4 del Departamento Judicial de La Matanza , a cargo del Juez doctor Hugo Martínez.

Familiares y amigos de Pablo Plaul realizaron marchas y diversas actividades para pedir justicia por la muerte del joven, vecino de Ciudad Evita. Incluso Héctor Plaul hizo una huelga de hambre ante la Catedral de San Justo. En 2007 se concretó una campaña solidaria denominada “Por vos, por Pablo, por todos” que destinó diez toneladas de productos para la Aldea Mbororé de Puerto Iguazú, la comunidad que iba a ser visitada por Pablo y sus 38 compañeros del segundo año del Polimodal. En el cierre de la colecta, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz , expresó que “esta lucha no terminó porque la búsqueda de la Verdad y la Justicia nunca termina.”

El devenir del expediente por el crimen de Pablo Plaul es sinuoso e intrincado pero con un punto en común: la garantía de impunidad para los responsables. Ahora, el abogado Alejandro Bois amplió la denuncia presentada ante la CIDH -que señala un proceso judicial plagado de horroresque, además, nunca protegió ni considero a la familia como víctima-, con una petición para agregar a la Corte Suprema a esta serie de decisiones judiciales aberrantes. “Llegamos ante la CIDH porque no se respetó el derecho a la vida”, aseguró Bois. Señaló que la causa es “una colección de barbaridades jurídicas”, como, por ejemplo, que en su momento la hicieron regresar a una instancia que había superado “sólo por factores extrajurídicos”. “Todo lo que marcamos generará un pronunciamiento de la CIDH ”, advirtió el letrado y agregó que “ojalá (el caso) genere una doctrina que garantice los procesos (judiciales)” para todos los ciudadanos.

Beatriz Manzelli, la mamá de Pablo, dijo que tras 12 años de impunidad “la justicia se diluye con el paso del tiempo y es muy difícil seguir con todo esto”, aunque no bajarán los brazos hasta que se imponga la verdad.